En el día de la fecha comunicamos que, hace tres semanas atrás (el 1 de abril de 2022), nuestra compañera Mariana Vinuesa presentó una demanda judicial contra la Direccción General de Cultura y Educación (DGCyE). Tal como hemos insistido en otras oportunidades, la vía judicial constituye un último recurso al que nos vemos forzados en razón de la pasividad, desidia y complicidad evidenciada por la mayor parte de los actores institucionales involucrados (los órganos y departamentos administrativos pertenecientes a DGCyE: SAD, tribunales de clasificación, subsecretaría de educación; el sindicato docente de que somos afiliados: el SUTEBA; la Defensoría del Pueblo provincial; etc).
Con mucho esfuerzo y dedicación, elaboramos conjuntamente una demanda judicial que confiamos resultará ejemplar. Gracias a la colaboración y asesoría letrada prestada en forma totalmente desinteresada y gratuita por nuestro abogado patrocinante (Juan Facundo Fontana), finalmente logramos presentar en tiempo y forma un escrito más que consistente, en el que a lo largo de casi 60 páginas planteamos la anulación de la resolución que le impide a Mariana ejercer la profesión por razones edad.
La demanda focaliza en el eje de la discriminación, apelando a los numerosos fallos de inconstitucionalidad emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ene le curso de los últimos veinte años. Cabe destacar que, junto a las innumerables pruebas ofrecidas, agregamos un
inédito apartado en perspectiva de género. Entendiendo que la injusticia que ha venido
sufriendo la compañera (y que hoy sufren y a futuro sufrirán otras docentes como ella) pone en juego múltiples formas de violencia donde
se cruzan el género, la edad y la clase social. Eventualmente, y
con la autorización de Mariana, compartiremos el documento referido.
Actualmente, la causa se encuentra tramitando en el Juzgado Nro 3, a cargo de la Jueza María Fernanda Bisio. Según nuestro abogado, la magistrada ha respondido con cierta agilidad, exigiéndole a DGCyE que "informe en el plazo de quince (15) días acerca de los antecedentes y fundamentos de la Resolución" por la que excluye a Mariana de los listados docentes. Es el paso previo que le permitirá resolver nuestra solicitud de una medida cautelar, que autorice a la compañera a ingresar en los listados y así postular para cargos en su rama. Confiamos pues en que, con buen criterio, el juzgado resuelva favorablemente nuestra solicitud y otorgue la medida cautelar en el corto plazo.
Por último, no debemos olvidar que, en el mejor de los casos, por la vía judicial solo podemos aspirar a resolver situaciones particulares. Como agravante, cada proceso toma mucho tiempo y esfuerzo. Y ante la falta de recursos, nos exige contar con asesoría y patrocinio letrado sin cargo (como en esta oportunidad). En nuestro colectivo, tenemos varios casos de docentes con dificultades similares a las de Mariana. Por ello, en lo sucesivo se impone la necesidad de avanzar por otros carriles, activando la difusión de la problemática (dentro y fuera de nuestro Instituto) y al mismo tiempo conformando una mesa de diálogo en la que participen todos los actores afectados.
Sin organización y activa participación no podremos revertir esta injusticia.
Colectivo en Defensa del Derecho a Enseñar.-
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