A más de cuatro meses de iniciado el reclamo (Expediente Nro.:162983/21) y a dos meses de la única reunión presencial que pudimos lograr (5/1), la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires nos hizo llegar el “Informe final” de su actuación. Invitamos a revisarlo y a sacar sus propias conclusiones. Por nuestra parte, a continuación ofrecemos un breve comentario de la triste y mecánica intervención de la Defensoría de la Provincia (a cargo de Guido Lorenzino).
Desde nuestra perrspectiva, aun cuando el informe resulta previsiblemente conservador, nos permite constatar una grave transgresión de los principios constitucionales que animaron la creación y puesta en funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, a saber (citamos): "sus criterios fundamentales de acción se basan en la no neutralidad [...] garantizando el acceso a derechos y actuando en favor de los sectores vulnerables; y en la no judicialización, buscando alternativas que permitan resolver los conflictos de forma menos costosa y más efectiva, como la mediación y el diálogo" (Art. 55 de la Constitución Provincial, referenciado en su propia web). Siendo además “facultada para proponer al Poder Legislativo y a la Administración Pública la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento riguroso pueda provocar situaciones injustas o perjudiciales” (Art. 43 de la Constitución Nacional, citado a su vez por la Defensoría del Pueblo de la Nación).
A todas luces, el Informe contraviene dichas funciones. Por ejemplo, cuando se permite recordarnos que las docentes damnificadas (representadas en este caso por Mariana Vinuesa) están habilitadas para postular al cargo de preceptoras (PR). Tanto en forma presencial como en diálogo informal (vía whatsapp), varias veces dejamos en claro que nuestro reclamo más inmediato y urgente es precisamente que a estas docentes no se les permite postular para cargos en su rama (Maestra de Grado: MG), no pudiendo acceder a listados complementarios u oficiales para tomar cursos como provisionales o suplentes. En cada oportunidad, agregamos incluso que tampoco se les permite tomar cargos +ATR, lo que resulta aún más inexplicable. A nuestro entender, el señalamiento de que Mariana Vinuesa “no tiene las condiciones para ser MG” (Informe Defensoría, p.1) constituye una falta de respeto flagrante hacia la docente en cuestión y en su nombre a todas las docentes con probada idoneidad para el ejercicio del cargo, cuyo derecho a trabajar y a enseñar se encuentra vulnerado por esta aberrante interpretación de la normativa vigente.
Oportunamente, allá por inicios de noviembre de 2021, nos acercamos a Defensoría en la esperanza de que, conforme a la misión que el pueblo le ha encomendado, respetara el principio de “no neutralidad” y actuara en defensa de docentes injustamente discriminadas e inhibidas por razones de edad en el libre ejercicio de la profesión para la que se han formado durante años. Lejos de ello, al concluir que “la modificación de la normativa vigente” excede su competencia (Informe Defensoría, p.3), las autoridades del Área Educativa de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (Eleonora Vázquez y Mariel Urruti) no hacen más que incumplir dicha misión fundacional, para acabar convalidando (con la anuencia de la dirigencia sindical del SUTEBA) las arbitrariedades e injusticias consumadas por los organismos de la DGCyE que hemos venido denunciando.
En lo que respecta a la situación de la docente referida, estamos avanzando con asesoría letrada (ad honorem) en la elaboración de la demanda judicial. En los próximos días, iniciaremos entonces las acciones legales correspondientes contra la DGCyE, por el caso particular de la compañera. Y confiamos en que la justicia (Juzgado interviniente) disponga en forma más o menos inmediata una medida cautelar por la que SAD deba finalmente incorporar a la docente al listado oficial. Al menos, eso es lo que ha sucedido en todos los reclamos anteriores (ver jurisprudencia previa), para luego dar continuidad a la causa y fallar a favor de la particular damnificada.
Pese a todo, sabemos que los fallos judiciales no impactan sobre la normativa, que seguirá vigente y continuará afectando a las otras docentes. Por lo que, como hemos sugerido antes, necesitamos potenciar nuestra capacidad de organización y movilización. Relevando y sumando a otrxs docentes en similar situación, así como a compañero/as que quieran acompañar la lucha. Sin la activa y solidaria participación de todxs lxs damnificados y allegados, difícilmente lograremos incidir en el debate público e impulsar el cambio que estamos buscando. En este sentido y dadas las limitaciones de la comunicación virtual, proximamente daremos lugar a una nueva asamblea para decidir colectivamente los pasos a seguir.
Colectivo en Defensa del Derecho a Enseñar.-