“Docentes injustamente excluidas del sistema educativo por razones de edad”
La Secretaría de Asuntos Docentes (SAD 1) de nuestra ciudad y alrededores continúa impidiendo el ingreso a la docencia de maestras que cumplen con los requisitos necesarios. Por el mero hecho de tener 50 años (o más), maestras del ISFD Nº97 se han visto sistemáticamente impedidas de ejercer libremente la profesión para la cual han venido formándose durante años.
En el actual contexto pandémico, donde las dificultades económicas se han incrementado sustantivamente, funcionarios y funcionarias burócratas del SAD 1 se han limitado a aplicar arbitraria e injustamente la normativa estatutaria, impidiéndoles obtener el sustento necesario y perjudicándolas en la carrera docente (a estas y otras tantas docentes en similar situación) .
Amparándose en una interpretación forzada del Art.57 inc. e del Estatuto Docente, desde el SAD alegan que “es un requisito para el ingreso a la docencia poseer una edad máxima de 50 años”. Es sabido que el artículo en cuestión exige dicho requisito (incluyendo atenuantes) para “solicitar ingreso en la docencia como titular”. Pese a ello, las autoridades del SAD han venido rechazando, de manera aberrante e incomprensible, solicitudes de ingreso a la docencia en los listados 108 B y 108 B In Fine, para los cuales solo se requiere un alto porcentaje de materias aprobadas (requisito cumplido por las aspirantes) excluyendo consecuentemente la posibilidad de titularizar (por no poseer título habilitante).
Además, en lo que hace a la cuestión de fondo, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia se ha expedido al respecto en sendos fallos que declaran la inconstitucionalidad del artículo 57 inc. e. En los últimos 20 años y en el marco de sentencias ejemplares, la Corte ha señalado el carácter discriminatorio del artículo en cuestión, por encontrarse reñido con el principio de igualdad ante la ley y desconocer la idoneidad para el ejercicio del cargo como único requisito exigible, conforme a lo dispuesto esencialmente por los artículos 14 y 16 de nuestra carta magna, que, en conjunto, garantizan el derecho “a enseñar para todos los habitantes de la Nación”.
Como puede verse, el atropello de los funcionarios del SAD (y sus cómplices de turno) abarca un amplio espectro de aberraciones, que comienza en una injusta e inadecuada aplicación de la normativa vigente, continúa con actos administrativos viciados de irregularidades y culmina en el destrato dispensado a las docentes damnificadas.
Las urgentes necesidades de las maestras no pueden ser resueltas mediante favores bienintencionados. Sus derechos exigen inmediato reconocimiento (ingreso a los listados para postular al cargo de Maestra de Grado) y soluciones estructurales debatidas e impulsadas por el conjunto de la docencia (en torno a los aspectos inconstitucionales de la normativa estatutaria).
Los órganos administrativos del sistema educativo deben ponerse al servicio de las necesidades de sus protagonistas.
Nos encontramos en estado de alerta y movilización, a la espera de pronta respuesta.
Colectivo en Defensa del Derecho a Enseñar (ISFD N°97).-
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